El retraso en los pagos lleva al límite la situación de muchas mancomunidades

La Junta adeuda importantes cantidades a algunas de ellas. En otros casos, los ayuntamientos deben cuotas. Varias están pagando con retraso las nóminas de sus empleados y también se están recortando los servicios

Retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores, recortes en la prestación de servicios o reducciones de plantilla. Esta es la realidad a la que se están enfrentando muchas de la mancomunidades extremeñas ante la demora en los pagos por parte de la Administración autonómica o de los propios ayuntamientos que las conforman.

«No es que la situación sea complicada, es que es crítica», resume Carlos Javier Ríos, alcalde de Navezuelas y presidente de la Mancomunidad Integral de Villuercas, Ibores, Jara. Ríos admite, incluso, que estos ayuntamientos han llegado a plantearse la «disolución» de la mancomunidad. Por lo pronto, como medida de ahorro, ya decidieron «por unanimidad» cerrar la oficina de gestión urbanística, en la que trabajaban cinco personas.

La Junta les debe dinero, pero Ríos recalca que este únicamente ha sido un factor más entre los que han contribuido al deterioro de la situación económica de la mancomunidad. En este sentido, asegura que cuando llegó a la presidencia, en agosto del año pasado, se encontró «con los cajones llenos de facturas» y con una deuda de más de medio millón de euros, de los que trescientos mil correspondían a una operación de tesorería que no se ha podido afrontar este año. Por si fuera poco, añade que los ayuntamientos no abonan las cuotas que les corresponden —«Todavía no han pagado las del 2011», subraya–. Así las cosas, asegura que si en los próximos días no llegan algunas de las cantidades pendientes no va a haber liquidez para pagar a los trabajadores. «A día de hoy, no hay para las nóminas».

Otra mancomunidad con problemas de liquidez es la de La Siberia I, que engloba a once municipios del extremo noreste de la provincia de Badajoz (Esparragosa de Lares, Garbayuela, Garlitos, Talarrubias o Casas de Don Pedro, entre otros). Según explica su gerente, Manuel Sánchez, la Administración regional les adeuda actualmente 314.000 euros, que corresponden a diferentes servicios: 18.200 a la oficina de igualdad; 82.011 a la de urbanismo; 79.321 a servicios sociales de base; 111.000 a dinamización deportiva; y 23.761 euros a gestores culturales. La mancomunidad, que tiene 82 empleados (una treintena de ellos en el taller de empleo) acumula un mes de retraso en el pago de las nóminas. Y lo que ocurrirá el que viene «va a depender de que lleguen aportaciones de la Junta y los ayuntamientos», sostiene su gerente.

A partir del próximo 20 de julio ya se dejará de ofrecer el servicio de ayuda a domicilio. Eso supondrá, por un lado, que más de trescientas personas se quedarán sin esta prestación (en total los beneficiarios de este servicio en el 2011 fueron 450, pero algunos ayuntamientos continuarán prestándolo por su cuenta). Por otro, que una veintena de trabajadores perderán su puesto de trabajo (a diez de ellos se les acaba el contrato y el resto tendrán que ser despedidos). Manuel Sánchez señala que aunque en marzo la Junta les mostró su intención de seguir apoyando este servicio, por el que el año pasado recibieron 129.000 euros, tres meses después el gobierno regional sigue sin haber sacado la convocatoria. Esta demora, justifica, hace inviable la continuidad de la atención a domicilio al tiempo que obliga a que los ayuntamientos tengan que sufragar el coste del servicio prestado a lo largo de este primer semestre.

No es, en cualquier caso, el primer servicio que se va a suprimir en esta comarca. Ya en diciembre, recalca, hubo que poner punto final a los programas de familia, al de prevención de riesgos laborales y al de drogodependencia. También se prescindió de la oficina de consumo y del agente de inserción laboral. En conjunto la merma en los servicios que presta esta agrupación de municipios se ha traducido en la pérdida de más de una quincena de empleos.

Recientemente, el presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Alfredo Aguilera, envió a los trabajadores de esta entidad una carta en la que dice ser «consciente de la inquietud» que reina entre ellos «ante los retrasos en el abono de la nómina». Aguilera explica que la demora se debe a la «falta de liquidez» originada por «el importante retraso en los pagos procedentes del Gobierno de Extremadura, incluso en la firma de algunos convenios. Cuando hemos agotado los fondos propios y las líneas de crédito suscritas, ya no poseemos más liquidez para hacer frente a estas obligaciones, salvo que nos ingresen las cantidades pendientes», sostiene el alcalde de Malpartida de Cáceres.

También a través de una misiva, esta vez enviada a los alcaldes de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa (que reúne a unos 11.500 habitantes de municipios como Torrejoncillo, Zarza la Mayor o Ceclavín), su presidente, José Antonio Delgado, pidió a inicios de este mes que se agilizase el pago de las aportaciones municipales «puesto que aún no hemos recibido la asignación de la Junta de Extremadura y tenemos a los profesionales sin cobrar por falta de liquidez».

Tampoco es fácil la situación en la Mancomunidad del Ambroz aunque aquí, señala su presidente, David Gordo, «el problema son las aportaciones municipales». En este sentido, asegura que las obligaciones de la Junta «están al día». La falta de liquidez, precisa, viene dada por la tardanza que los propios ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad están acumulando a la hora de hacer frente a sus cuotas. Entre todos ellos suman unos 231.000 euros de deuda. Una dilación en la que, detalla, «se mezclan la falta de recursos en unos casos con las razones políticas en otros». «De momento no ha habido problemas porque estamos funcionando con líneas de crédito, pero si esto sigue así mucho tiempo comenzaremos a tenerlos», concluye.

«Hasta ahora estamos yendo muy justos, pero vamos al día», resalta Juan José Amo, presidente de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión. Aunque en este caso la Junta también acumula atrasos en los pagos, Amo explica que en la mancomunidad «había liquidez», porque ha estado «bien gestionada». Confía en no tener tampoco dificultades en julio ya que, arguye, está pendiente de un ingreso de la Junta correspondiente a un taller de empleo.

«De momento estamos al día en seguros sociales y nóminas», coincide Inmaculada Bonilla, alcaldesa de Táliga y presidenta de la Mancomunidad de la Comarca de Olivenza, que añade, no obstante, que este mes las nóminas se han tenido que abonar el día 12. De los 303.000 euros que la Junta tiene que ingresarles correspondientes a este ejercicio, solo han llegado 60.000.

También Bonilla confía en no tener sobresaltos el próximo mes una vez que el Ejecutivo autonómico le ha comunicado que se le ingresarán 40.000 euros el próximo día 30.

«Estamos al corriente, aunque la preocupación es qué va a ocurrir al mes que viene», declara Martín Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Serena. La Junta les adeuda cantidades que suman 350.000 euros –solo las relativas al primer trimestre de este año–. Si no se liquidan pagos, avanza Caballero, «puede haber problemas con las nóminas de junio». Los recortes han llevado a reducir la plantilla de esta mancomunidad en 25 personas durante el último año. Actualmente, está compuesta por 190 trabajadores. El también alcalde de Valle de la Serena incide en el papel necesario de las mancomunidades. «No me imagino que las cierren . ¿Qué sería de los pueblos pequeños en servicios como la recogida de basuras o la oficina de urbanismo? Sería imposible».

En el caso de la Mancomunidad de la comarca de Llerena, su presidente, Antonio González , explica que prefiere no hacer «declaraciones sobre cuál es la situación económica» de esta entidad. Primero, aduce, hay que «informar a la junta de gobierno».

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Fuente: E. BARAJAS (El Períodico de Extremadura)